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Acuerdo Mercosur-Unión Europea: preocupación y pedidos de suspensión

Compartimos un comunicado de prensa del diputado nacional Guillermo Carmona.

Una gran preocupación colectiva por las consecuencias económicas para la producción nacional y el pedido de que las negociaciones en marcha sean suspendidas fue el denominador común manifestado por los representantes de las entidades gremiales empresariales y de trabajadores, así como de distintas instituciones académicas, que se reunieron en el foro "Acuerdo Mercosur-Unión Europea: riesgos y amenazas para la producción y el trabajo nacional". 

El amplio encuentro fue realizado en la Cámara de Diputados de la Nación a instancias de una convocatoria hecha por el diputado nacional por Mendoza Guillermo Carmona, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara Baja del Congreso, y Jorge Marchini, vicepresidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA). 

Participaron en la ocasión representantes de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CENN), la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), la Unión de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Confederación General del Trabajo (CGT), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), la Federación Olivícola Argentina (FOA), y cámaras empresarias del cuero, textiles y calzados, entre otras entidades productivas. 

Asimismo, estuvieron la diputada nacional por Misiones Cristina Brítez, la exdiputada nacional y exembajadora Alicia Castro, el exsecretario de Relaciones Económicas de la Cancillería Carlos Banco, Oscar  Laborde, parlamentario del Mercosur, el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, Jorge Kreiness, y Manuel Valenti, del Centro de Estudios Nuestramericano Chávez Kirchner (CENACK). 

En el transcurso de las deliberaciones fue compartida información que ha trascendido acerca de las tratativas que impulsa el Gobierno de la Nación en el contexto del "anunciado avance de las negociaciones del denominado Acuerdo Estratégico Birregional entre la UE y el Mercosur bajo la forma predominante de un tratado de libre comercio (TLC), y ante la falta de información y el secretismo de las tratativas", según aclararon sus organizadores. 

De las exposiciones de los participantes del foro surgió la coincidencia sobre que uno de los principales cuestionamientos a la negociación se relaciona con la falta de transparencia y la casi nula comunicación oficial respecto de esas negociaciones encaradas por el Poder Ejecutivo Nacional y por otros gobiernos de países integrantes del Mercosur. 

Y en este sentido fue destacado el hecho de que los parlamentarios argentinos no han contado con acceso a la información que sus pares europeos han tenido, además de que a los actores de la economía – tanto empresarios como trabajadores– también les restringieron el acceso a la información en ese aspecto. 

Asimismo –siguiendo los conceptos vertidos en la oportunidad por cada expositor– quedó evidenciado que la población en general desconoce los impactos que va a tener el tratado de libre comercio Mercosur-UE y surgieron cuestionamientos a la falta de estudios acerca de las consecuencias económicas que derivarían de él. La Argentina no cuenta incluso con los estudios del impacto que produciría un eventual acuerdo, lo que implica un enorme riesgo. 

Simultáneamente, otro de los cuestionamientos se enfocó en que no han sido contempladas las asimetrías existentes entre las economías de los mismos países integrantes del Mercosur, un aspecto fundamental a tener cuenta a la hora de tratar de atenuar los efectos negativos de un eventual tratado de libre comercio con Europa. 

A la vez, se pudo saber que las concesiones que los funcionarios argentinos y de otros países del Mercosur han estado realizando ante los requerimientos de los negociadores europeos han causado un fuerte malestar entre los protagonistas de la economía nacional. Y otra gran inquietud se centró en el hecho de que los artífices del acuerdo interregional a gran escala no les han abierto la participación en las tratativas a las autoridades provinciales ni municipales, cuando es una realidad que las consecuencias ulteriores recaerán fuertemente esas jurisdicciones. 

Con este desalentador panorama planteado a través de las exposiciones de cada sector que aceptó la convocatoria al debate, la mayoría de los representantes que asistieron al foro reclamaron que las negociaciones sean suspendidas hasta que se resuelvan políticas e institucionales críticas en países del Mercosur –como es el caso de Brasil– y se cumplan los requisitos de transparencia e información pública. 

Carmona: "Pone en grave riesgo a la economía argentina" 

En este contexto, Carmona advirtió: "El acuerdo Mercosur-Unión Europea pone en grave riesgo a la economía argentina y a las economías del resto de los países de nuestra región, por eso exigimos transparencia, estudios de impacto y acceso a la información pública sobre los avances de la negociación".

"Además –prosiguió–, adherimos al pedido que la mayoría de las instituciones presentes en el foro han formulado en torno a la suspensión de las tratativas mientras no se resuelva la crítica situación de Brasil ni se cumplan los pasos necesarios en favor de la transparencia y el estudio de impacto correspondiente al acuerdo". 

Finalmente, el legislador justicialista aseguró en forma taxativa: "No queremos que la producción y el trabajo nacional se vean impactados negativamente por un acuerdo de libre comercio que denota significativas ventajas para la parte europea y casi ninguna para la economía argentina y del Mercosur en general". 

A su turno, Marchini aseveró que "los estudios de impacto no deben ser solo en relación con los aspectos comerciales del tratado de libre comercio, sino esencialmente con lo que significan estructuralmente en temas clave, como servicios, propiedad intelectual, compras públicas, comercio electrónico y demás ámbitos involucrados. Es así que, contemplando todos estos ítems, reflejar metas y acciones destinadas a alcanzar resultados viables, consistentes y beneficiosos para todas las partes". 

Por su parte, Raúl Utin, de la CENN, manifestó el desacuerdo de su sector con "el avance de la negociación tal cual se viene llevando, porque se realiza con un secretismo absoluto, casi ligado a lo ilegal, ya que no se hizo el estudio de impacto social, productivo y geográfico necesario. Tampoco se analizaron las experiencias de otros países latinoamericanos o a las autoridades no les interesó hacerlo porque realmente estos países no les fue nada bien con la firma de esos tratados". 

Acerca de la parte operativa, el dirigente aclaró: "No nos oponemos a las importaciones en general, sino a que estas terminen con la industria manufacturera y fundamentalmente con las pymes. Lo que no aceptamos es que actúen haciendo caer los puestos de trabajo y contra el mercado interno, que la sociedad termine perdiendo calidad de vida. La economía debe estar al servicio de la gente y no a favor de los intereses más concentrados". 

Mientras, Manuel Valenti Randi, del Centro de Estudios Nuestramericano Chávez Kirchner (CENACK) opinó que "el acuerdo Mercosur-Unión Europea busca hipotecar todos los instrumentos de los que dispone el Estado para proteger la producción y el empleo nacional, y generar costos de salida formidables para aquellos que aspiren a retomar la senda del desarrollo inclusivo y soberano". 

Ariel Aguilar, de la CGERA, reafirmó por su parte que esta entidad también se opone a la rúbrica porque "nadie sabe qué es lo que contiene el acuerdo y no se han hecho los estudios de impacto para definir cómo resultará". Remarcó que "insertarse inteligentemente en el mundo no es rebajar los aranceles industriales en el actual contexto mundial" y especificó que "este tipo de tratado de libre comercio, con las asimetrías que existen entre ambos bloques, claramente significará el fin de muchas pymes argentinas". 

Por eso se esperanzó en la defensa de la producción nacional que puedan realizar los legisladores que comparten su punto de vista cuando el tratado sea remitido al Congreso nacional, debido a que desde su sector observan a veces que "la suerte de las industrias nacionales está muchísimo más ligada a los granjeros europeos que a los intereses argentinos". 

Desde la Unión de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, Leo Bilanski, coincidió en que "se deben suspender las negociaciones que se están llevando a cabo, ya que algunos beneficios en el sector agrícolo-ganadero no compensan la entrega de sectores industriales centrales en cuanto a la generación de trabajo de calidad y de remuneración adecuada". 

Por eso subrayó que desde su organización no creen que "este acuerdo negociado a puertas cerradas y con intereses particulares vaya a beneficiar al colectivo general de los empresarios nacionales, que conforman el 98% de todo el país". 

La CTA fijó su posición a través de Andrés Larisgoitía para afirmar que "una eventual asociación birregional debe ser un instrumento para el desarrollo efectivo de ambas regiones, respetando los valores compartidos del respeto a los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y el fomento de la producción y el empleo decente". 

Seguidamente caracterizó que "el actual contexto institucional que atraviesan Brasil y Argentina, dos de los más importantes países del Mercosur, con flagrantes violaciones al orden democrático, no constituyen un clima apropiado para continuar con estas negociaciones". A esto sumó "la falta de transparencia y de consultas con la que las negociaciones se vienen llevando a cabo", para solicitar "su inmediata suspensión". 

A raíz de esto afirmó categóricamente que "la negociación en curso, lejos de conducir a la convergencia entre los niveles de desarrollo de nuestros países y de las condiciones de vida de nuestros trabajadores, terminará profundizando la dependencia y las asimetrías actualmente existentes". 

La Confederación General del Trabajo emitió su postura a través de Marita González, quien denunció que ven con preocupación "la participación en el Consejo Consultivo Económico y Social del Mercosur en el seguimiento de la ejecución del acuerdo, en caso de que fuera aprobado, ya que el control desde la sociedad civil no estaría garantizado en los avances de las propuestas negociadas". 

La Apyme fundamentó su posición en la voz de su vicepresidente, Julián Moreno, quien reflexionó: "Viendo cómo afecta la apertura indiscriminada de la economía a nuestras pymes y a la balanza de comercio exterior, que es gravemente deficitaria, esta situación se va agravar si se llega a un acuerdo con la UE. Resulta alarmante que esto se maneje a espaldas de los supuestos beneficiarios, ya que la ley de 'compre trabajo argentino' y todas las medidas de protección a la industria nacional y al trabajo local se verán burladas por esta iniciativa". 

Posteriormente sentenció que "desarticular las políticas soberanas que les permiten a los países más débiles corregir las asimetrías con los más desarrollados en el intercambio comercial, para favorecer los negocios y el abaratamiento de costos de las grandes multinacionales, solo generará un grave perjuicio para las Pymes, las economías regionales y los trabajadores". 

Finalmente, la CTA Autónoma definió su punto de vista mediante las expresiones de Gonzalo Manzullo, su director de Relaciones Internacionales, quien alertó: "Venimos siguiendo de cerca los avances y los retrocesos del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, y exigiendo sin éxito conocer el contenido de las ofertas intercambiadas y los capítulos en discusión, a los que solo accedimos de manera informal". 

Luego dijo: "No nos oponemos a un acuerdo entre ambas regiones. Más aún, hemos expresado que queremos un acuerdo donde haya un intercambio justo y equilibrado, que atienda a las disparidades entre ambas regiones con cláusulas para proteger la industria naciente, y trato especial y diferenciado". 

A pesar de esto, previó: "Lo que se perfila en las actuales circunstancias y condiciones es un tratado de libre comercio que perjudica a los países de menor desarrollo a ambos lados del Atlántico en su industria nacional, en la promoción de la producción y del trabajo decente, amenazando también las economías regionales. Los estudios oficiales de impacto brillan por su ausencia, pero nuestros propios cálculos indican que el saldo comercial es negativo". 

Fuente: Prensa del diputado nacional Guillermo Carmona